Preludio: Entre el Ársenico y la Autoridad

Por Fernando Alberto Gutiérrez Fernández

En la semana trascendió mediáticamente un estudio realizado en el año 2013, y publicado en la revista Salud pública de Mexico el año pasado, por investigadores de la Universidad de Colima y de la Universidad de Harvard, en el que se expone que en 80.5 por ciento de los pozos analizados en el estado de Colima se registraron niveles de arsénico superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés). El problema de esta contaminación excesiva de los mantos acuíferos con arsénico radica en que el consumo de estas aguas o de alimentos que fueron cultivados empleando dicho líquido es tóxico para el organismo, pudiendo derivar en fallas orgánicas y diversos tipos de cáncer.

De manera inmediata la Comisión Estatal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, declaró que el artículo publicado en Salud Pública de México carecía de fundamento legal o validez oficial, debido a que sus resultados se basaban en el análisis un laboratorio no autorizado, y porque otros estudios realizados en un laboratorio avalado por la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), descartaban la presencia de arsénico en aguas colimenses, al igual que el mapa de riesgos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en cuya geografía no figura la entidad.

Ante tales evidencias encontradas, es preciso señalar que la publicación de artículos de investigación implica exponer el conocimiento, la metodología, el rigor, y la calidad del investigador y la institución a la que pertenece, al escrutinio de la comunidad científica y la sociedad en general; por tales razones resulta un despropósito intentar refutar los resultados de un artículo científico publicado en una revista indizada, con otros obtenidos en laboratorios privados –como los aceptados por la Coespris-, aun cuando estos se encuentren avalados por las autoridades.

En la ciencia nada es absoluto, por ello la existencia de resultados antagónicos sugiere la necesidad de nuevas investigaciones que corroboren o postulen nuevas conclusiones, tal debe ser la posición del gobierno estatal y no la defensa contumaz de los análisis aceptados por la Cofepris o la Conagua, pues la contaminación de los cuerpos de agua por metales pesados sería, en todo caso, una circunstancia ajena a la actual administración estatal, la cual, en cambio, sí podría conformar un grupo interinstitucional para investigar la eventual contaminación y mitigarla, en un esquema preventivo cuya aplicación podría determinar su imagen a la posteridad.

La pertinencia de la policia militar.

La semana pasada, el gobernador Ignacio Peralta declaró que realizaría las gestiones necesarias para que la Policia Militar tenga presencia en otros municipios del estado, particularmente en Manzanillo, demarcación donde en el año 2016 se registró el 40 por ciento de los homicidios con arma de fuego en la entidad, que lo colocan como el segundo municipio más violento de la entidad.

La escalada de hechos delictivos en el muncipio porteño ha sido aceptada por la propia alcaldesa Gabriela Benavides, quien a pesar de que ha capacitado y equipado constantemente a su policia municipal, y ser de los pocos munícipes que ha sabido coordinarse con las autoridades estatales y federales, no ha logrado reducir los niveles de inseguridad.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año 2016, el 63.3 por ciento de los porteños encuestados manifestaron sentirse inseguros, al grado de que 49.7 por ciento ya no camina de noche en los alrededores de su vivienda, y el 32.7 por ciento evita visitar parientes o amigos.

Por lo anterior, la intención de introducir a la Policia Militar a Manzanillo ha sido loada por la ciudadanía, la presidenta municipal y el sector empresarial. En Tecomán con solo 17 días de operaciones lograron la detención de 222 personas y la incautación de múltiples armas, narcóticos, vehículos y dinero, mejorando sustancialmente la seguridad del municipio; por ello las gestiones del gobernador Ignacio Peralta para su próxima presencia en el puerto, se espera que logre devolver la tranquilidad a los manzanillenses.

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